La relación  entre los  operadores de jurídicos de la administración de justicia: Juzgados y Fiscalía con el trabajador  social.  Necesidad de establecer una colaboración a los efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad y facilitar  la labor del trabajador social.

 

Es indiscutible que las funciones de los trabajadores sociales tienen dos momentos o fases en la atención a las personas que no pueden valerse por si mismas. En una primera fase de conocimiento de la realidad de la persona vulnerable, que se trata de una fase contacto, valoración de su entorno social, familiar y económico, en la que  no tiene ninguna intervención la administración de justicia, porque quizás no será necesaria la intervención en un futuro próximo, ya que la persona tiene autonomía suficiente y capacidad para decidir por si misma y tampoco está, o se prevee razonablemente que pueda  estar en una situación de riesgo, y lo más que necesite es un apoyo o  ayuda externa cubierta por los familiares y/o por los servicios sociales.

Ciertamente se hace necesario cada vez más, iniciar procedimientos judiciales cuya finalidad muchas veces, ya no es la de con carácter general poder tomar decisiones cara al futuro de aquella persona que ha perdido su capacidad, sino que puede ser  algo tan concreto, como solucionar el problema patrimonial urgente, por parte de los familiares de tener que hacer frente al pago del coste de una residencia asistida para la persona incapaz

Por el contrario, puede que la valoración que se lleve en esta primera fase a cabo por el trabajador social plantee que, de forma inminente o a medio plazo, la persona no va a tener capacidad para decidir por si misma, y sea necesario en una segunda fase acudir a los tribunales para que, mediante un procedimiento de modificación de la capacidad, se dicte sentencia y se le nombre un tutor que represente y decida por la persona que no pueda hacerlo por si misma.

En esta segunda fase, la necesidad de acudir a los tribunales puede plantearse como se ha dicho de forma inminente, y con carácter urgente porque la persona está en riesgo y no se puede esperar a que se llegue al final del procedimiento. Es aquí donde la intervención de los  tribunales debe hacerse a través de medidas cautelares, como pueden ser el ingreso en un centro socio-sanitario o residencia asistida, o como la de un nombramiento de un representante legal (tutor) provisional hasta que se dicte sentencia definitiva para que decida por ella en todos los ámbitos , o simplemente se le nombre un administrador en los casos en los que lo que está en riesgo sea el patrimonio de la persona.

Desgraciadamente por la falta de medios de la administración de justicia (problema endémico de la justicia), la respuesta judicial no es tan rápida como la que requiere la persona vulnerable. Ello convierte al trabajador social en  quien tiene que enfrentarse  a un problema grave con  los limitados medios que dispone, pues tiene que sobrellevar la problemática de una persona en situación de riesgo hasta que no le sea nombrado un tutor. De ahí el título de este artículo, en cuanto que el trabajador social y los profesionales de la administración de justicia deben complementarse para poder ofrecer una solución rápida a los  ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

No existen soluciones milagrosas para este problema, al margen de la dotación de más medios a los juzgados e incrementar el número de juzgados, pues es una realidad que el número de personas de  la tercera edad aumenta exponencialmente como consecuencia de la mejora de las expectativas de vida y también aumentan  por tanto los procesos de modificación de la capacidad, y esta es una situación que se está produciendo y que cada vez se agravará mas con el envejecimiento de la población, Las administraciones públicas, y especialmente la justicia,  debe dar una respuesta  adecuada.

 

La colaboración y entendimiento de los profesionales del trabajo social y los de la administración de justicia (Juzgados y Fiscalía), porque ambas partes intervienen de forma que pueden ayudarse y complementarse en sus respectivas funciones

Ciertamente se hace necesario cada vez más, iniciar procedimientos judiciales cuya finalidad muchas veces, ya no es la de con carácter general poder tomar decisiones cara al futuro de aquella persona que ha perdido su capacidad, sino que puede ser  algo tan concreto, como solucionar el problema patrimonial urgente, por parte de los familiares de tener que hacer frente al pago del coste de una residencia asistida para la persona incapaz, a veces es necesario poder vender bienes del patrimonio de la persona, normalmente la vivienda, pues en otro caso los familiares se ven  obligados a un gasto que no siempre pueden asumir. Ello comporta que se tenga que acudir a un procedimiento excesivamente largo, en el que en primer lugar habrá que tramitarse un procedimiento sobre modificación de la capacidad de la persona que finalizará mediante sentencia en la que se nombrará un tutor, y a partir de aquí, se iniciará una nueva fase en la que el tutor tendrá que solicitar una autorización judicial para poder  vender la vivienda, previas las necesarias garantías legales y la tasación que asegure que no se malbaratará el patrimonio de la persona con el cual tiene que poder vivir  hasta su fallecimiento.

 

La legislación vigente, nos da medios para  poder planificar estas situaciones y evitar problemas, que en algunos casos no  pasan por tener que acudir a la administración de justicia, como es el caso de los poderes preventivos para el caso de que la persona no pueda decidir por sí misma que permiten prever la situación de falta de capacidad de la persona y designar notarialmente una persona que administre el patrimonio. También resulta útil la llamada autotutela, en la que la propia persona que pierde la capacidad ya se designa ella misma un tutor para el futuro, lo cual,  aunque no elimina que se tenga que acudir a un procedimiento judicial, sí que lo facilita, agiliza y evita las peleas entre familiares respecto de quien ha de ser el tutor de la persona, que será aquel que la propia persona interesada haya elegido  y designado en la escritura de autotutela.

 

No obstante, tampoco podemos olvidar aquellos casos a los que se enfrenta el trabajador social en los que la persona  no cuenta con la familia,  bien sea porque no tiene  o bien porque la tiene y no quieren implicarse. En estos casos, la intervención del trabajador social todavía es más compleja y difícil porque no hay familiares que puedan iniciar los trámites judiciales, sino que ha de ser el propio trabajador social quien debe hacerlo a través de poner en conocimiento de la Fiscalía la situación existente.  Ello puede comportar un cierto retraso en llegar a la solución final de nombramiento de un tutor, porque ha de ser la Fiscalía quien interponga la demanda, y porque tampoco existirá un familiar que sea el tutor, sino que habrá de buscar una fundación tutelar que esté dispuesta y pueda asumir la representación legal de la persona vulnerable. Sin embargo, la intervención del trabajador social en estos casos resulta muy importante en aras de facilitar la tramitación del procedimiento judicial, pues además de que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía, debe elaborar un informe que la  Fiscalía tomará en consideración y ofrecerá los datos necesarios para que se pueda interponer la demanda, referentes a la persona y su entorno e incluso, sobre las personas que podrían ser tutores, si las hay, o en caso  contrario poner de manifiesto la necesidad de iniciar la gestiones necesarias para que se designe como tutor a una fundación tutelar. En definitiva y volviendo al enunciado de este artículo, lo que la realidad pone de manifiesto es que es muy necesaria la colaboración y entendimiento de los profesionales del trabajo social y los de la administración de justicia (Juzgados y Fiscalía), porque ambas partes intervienen de  forma que pueden ayudarse y complementarse en sus respectivas funciones  que les corresponden  en relación con las personas que no pueden valerse por sí mismas y debe modificarse su capacidad.

 

Os dejamos con el artículo

Ernest Pascual Franquesa

Magistrado Juez de Barcelona