En toda sociedad, toda persona mayor de edad es considerada como una persona plenamente autónoma y libre para tomar decisiones por sí misma. Esta premisa puede verse modificada en el caso de que la persona tenga las capacidades modificadas jurídicamente.
¿Tener las capacidades modificadas implica dejar de decidir?
No. Por ejemplo, las personas con trastorno cognitivo no deben dejar de tomar decisiones por el hecho de tener diagnosticada una demencia. Por eso, la persona que la acompaña durante la enfermedad no debe decidir por la otra persona, sino que su rol es otro: convertirse en un apoyo y defensor del derecho a decidir por él/ella misma.
¿Qué significa dar apoyo?
Ya sea una persona con la capacidad modificada o que necesite asistencia, darle apoyo no querrá decir sustituir sus decisiones por las propias. Sin embargo, la práctica nos muestra que se suele presuponer que las personas mayores necesitan que otros decidan por ellas, lo que se traduce en actitudes paternalistas, discriminatorias, ocasionando un detrimento de la libertad no siempre justificado.
De hecho, diferentes autores critican que la sobrevaloración de la seguridad por encima de la libertad de opción y decisión de las personas mayores parece más dirigida a tranquilizar a los familiares y las autoridades que a garantizar la calidad de vida de las personas mayores. De esta manera, reclaman la necesidad de una protección especial que les permita disfrutar, igual que las otras personas, de los derechos y libertades fundamentales.
¿Qué dice la legislación y la normativa internacional?
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 recoge el principio de no discriminación por edad, libertad, igualdad, dignidad y seguridad. Más adelante, se han elaborado otros documentos a nivel nacional. A pesar de ello, no se ha logrado una plena y real efectividad. Esto hace que la ausencia de derechos, las limitaciones legislativas y el desamparo institucional por parte de un estado, conduzca a situaciones de vulnerabilidad para las personas mayores.
A nivel nacional es necesario priorizar la reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la modificación de la capacidad de obrar para adecuarlas al Artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un cambio imprescindible para consolidar un modelo de atención proteccionista y garante de los derechos y oportunidades de las personas con capacidad.
¿Qué instrumentos preventivos podemos encontrar para proteger a las personas mayores del maltrato?
Los instrumentos preventivos que tenemos a nuestra disposición son la autotutela, el poder preventivo, el testamento vital, el asistente, el patrimonio protegido, el contrato de alimentos y las situaciones convivenciales de ayuda mutua. Por otro lado, los instrumentos de protección son los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad de obrar, las medidas cautelares y la guarda de hecho. Estos procedimientos evitan que se produzca una situación de maltrato cuando una persona mayor es vulnerable y, en caso de que se dé, garantizan que habrá una responsabilidad civil y/o penal.
Las personas en situación de dependencia y/o deterioro cognitivo tienen más riesgo de ser maltratadas y, por lo tanto, necesitan una protección rápida, ágil y efectiva.
Sara Albaladejo y Lourdes Montes. Referentes del Área Social