Entrevista a Olga Soler López, abogada de Alzheimer Catalunya Fundació

Las personas con Alzheimer u otras demencias y sus familias a menudo deben afrontar dudas legales, económicas y patrimoniales que pueden generar preocupación e incertidumbre.
¿Cuándo es mejor empezar a planificar? ¿Qué pasa con las cuentas bancarias o la vivienda? ¿Qué medidas de apoyo existen? ¿Y qué podemos hacer si detectamos una situación de maltrato o abuso?
Para resolver algunas de las consultas más frecuentes, conversamos con Olga Soler, abogada de Alzheimer Catalunya Fundació, experta en el acompañamiento jurídico de personas con deterioro cognitivo y sus familias.
Alzheimer Catalunya Fundació ofrece un servicio de asesoramiento legal y jurídico para las personas con Alzheimer u otras demencias y sus familias. Puedes dirigirte a nosotros por correo electrónico a info@alzheimercatalunya.org o por teléfono al 93 459 22 94.
Planificación jurídica y patrimonial
¿Cuáles son las principales consultas legales que reciben de las familias cuando una persona recibe un diagnóstico de Alzheimer o de otra demencia?
Las consultas que recibimos son muy diversas, pero la mayoría comparten una preocupación común: saber qué pasará si la enfermedad avanza y la persona necesita cada vez más ayuda, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones y a la gestión de sus asuntos personales y patrimoniales.
Las familias nos plantean cuestiones muy prácticas: ¿quién podrá gestionar las cuentas bancarias, cómo se podrán afrontar los gastos cotidianos o los derivados de las necesidades de atención y cuidado, qué pasará con la vivienda familiar o quién podrá tomar determinadas decisiones si llega un momento en que la persona ya no puede hacerlo por sí misma.
También recibimos muchas consultas sobre los instrumentos jurídicos que permiten anticiparse a estas situaciones, como los poderes preventivos o las medidas de apoyo, especialmente la asistencia, que es la principal figura prevista actualmente en Cataluña.
En este sentido, hemos detectado que aún existe un desconocimiento importante sobre los cambios legislativos introducidos en el año 2021. Muchas familias continúan hablando de incapacitación judicial o de tutela, sin saber que el sistema actual ha cambiado y que ahora se prioriza el respeto a la autonomía de la persona, a su voluntad y a sus preferencias, proporcionándole los apoyos que necesite.
Otra cuestión que nos preocupa especialmente es el aumento de las consultas relacionadas con posibles situaciones de abuso o explotación económica de personas con demencia. Nos encontramos con casos en los que terceras personas, a veces incluso del entorno más cercano, pueden aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la persona para disponer indebidamente de su dinero o de su patrimonio.
Por eso, una de las primeras cuestiones que intentamos transmitir a las familias es que un diagnóstico de Alzheimer no significa que la persona pierda automáticamente la capacidad de tomar decisiones. Cada situación es diferente y las necesidades de apoyo pueden variar según la evolución de la enfermedad y las decisiones que haya que adoptar.
Nuestro objetivo es ayudar a las familias a conocer las herramientas jurídicas disponibles, pero, sobre todo, garantizar que la persona con Alzheimer continúe siendo protagonista de las decisiones que afectan su vida durante el máximo tiempo posible.
¿Cuándo es un buen momento para empezar a ordenar los asuntos legales, económicos y patrimoniales? ¿Por qué es importante anticiparse mientras la persona aún puede tomar decisiones y expresar su voluntad?
El mejor momento para empezar a ordenar los asuntos legales, económicos y patrimoniales es cuanto antes mejor, preferiblemente en las primeras fases de la enfermedad, cuando la persona aún puede comprender las decisiones que toma y expresar su voluntad.
Es importante no esperar a que la enfermedad avance, porque precisamente lo que queremos es que sea la misma persona quien pueda participar, en la máxima medida posible, en las decisiones que afectarán su futuro.
Hay que tener presente que un diagnóstico de Alzheimer no significa que la persona deje automáticamente de poder tomar decisiones o de realizar actos con trascendencia jurídica, como otorgar un poder notarial, hacer testamento o establecer voluntariamente medidas de apoyo. Lo que hay que valorar en cada caso es si la persona puede comprender el alcance del acto que quiere realizar y expresar su voluntad, con los apoyos que pueda necesitar.
Planificar con antelación permite que sea la misma persona quien decida en quién quiere confiar, quién quiere que le ayude si en el futuro necesita apoyo, cómo desea que se gestionen sus asuntos personales y patrimoniales o cuáles son sus preferencias en cuanto a la atención y los cuidados que pueda necesitar.
Esta anticipación también aporta tranquilidad a las familias, porque permite dejar resueltas o encaminadas cuestiones importantes, evita tener que tomar decisiones precipitadas en momentos especialmente delicados y puede prevenir conflictos familiares.
En definitiva, anticiparse es una manera de respetar la autonomía de la persona y de garantizar que, si en el futuro necesita más ayuda, las decisiones que haya que tomar tengan en cuenta lo que ella misma ha querido y expresado.
Medidas de apoyo y poderes
¿Qué medidas de apoyo existen actualmente para ayudar a una persona con deterioro cognitivo? ¿En qué se diferencian de las antiguas tutelas?
En los últimos años se ha producido un cambio normativo muy importante en la manera de entender la protección jurídica de las personas con discapacidad.
Anteriormente, el sistema se basaba en gran parte en la incapacidad judicial y en figuras como la tutela, que podían comportar que otra persona sustituyera a la persona afectada en la toma de decisiones.
Actualmente, el modelo se fundamenta en el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas y en la necesidad de proporcionar los apoyos que cada una requiera para ejercerla.
En Cataluña, la figura principal es la asistencia, que puede establecerse mediante escritura pública notarial o por resolución judicial.
La asistencia se configura de acuerdo con las necesidades concretas de cada persona y puede comprender diferentes ámbitos personales o patrimoniales. Su finalidad es ayudarla a comprender, valorar, expresar o ejecutar sus decisiones, respetando siempre que sea posible su voluntad, sus deseos y sus preferencias.
Solo excepcionalmente, cuando resulte imprescindible, se pueden atribuir funciones representativas a la persona que presta el apoyo.
La diferencia fundamental es que ya no se trata de sustituir de manera general a la persona en sus decisiones, sino de proporcionarle los apoyos necesarios para que continúe ejerciendo sus derechos.
¿Qué son los poderes notariales y los poderes preventivos? ¿Para qué sirven y cuál es la diferencia entre estos instrumentos y las medidas de apoyo?
Un poder notarial es un documento mediante el cual una persona autoriza a otra, habitualmente alguien de su confianza, para que pueda actuar en su nombre en determinados asuntos. Por ejemplo, para gestionar cuentas bancarias, administrar bienes, pagar gastos o formalizar determinadas operaciones patrimoniales.
En el caso de las personas con Alzheimer u otras demencias, tienen una especial importancia los llamados poderes preventivos, que se llaman preventivos precisamente porque permiten anticiparnos a una situación futura en la que la persona, como consecuencia de la evolución de la enfermedad, pueda necesitar que alguien gestione sus asuntos.
Una de las fórmulas más habituales es otorgar un poder general que incorpore una cláusula de subsistencia. Esto significa que el poder se puede utilizar desde el momento en que se otorga y que continuará vigente aunque, posteriormente, la persona necesite medidas de apoyo para ejercer su capacidad jurídica.
También se pueden otorgar poderes que solo comiencen a producir efectos cuando se den determinadas circunstancias previstas en el mismo documento, es decir, no es necesario que el poder sea efectivo desde el día de su otorgamiento, sino que puede desplegar sus efectos en un momento posterior.
La principal utilidad de estos instrumentos es que permiten que sea la misma persona quien decida anticipadamente en quién confía y qué facultades quiere atribuirle.
Ahora bien, es importante diferenciar los poderes preventivos de las medidas de apoyo, como la asistencia, que es la principal figura prevista en Cataluña.
El poder notarial es un instrumento de representación: permite que otra persona actúe en nombre de quien lo ha otorgado, dentro de las facultades que este le haya conferido. Pero el hecho de otorgar un poder no significa que la persona pierda la posibilidad de continuar tomando decisiones o realizando actos jurídicos por sí misma.
La asistencia, en cambio, es una medida de apoyo que se adapta a las necesidades concretas de la persona. Puede consistir en ayudarla a comprender y tomar determinadas decisiones o, excepcionalmente, cuando sea imprescindible, atribuir al asistente funciones de representación.
Esta diferencia es especialmente importante porque nos podemos encontrar con situaciones en que una persona con Alzheimer ha otorgado un poder preventivo a favor de un familiar, pero continúa siendo vulnerable ante terceras personas que pueden intentar aprovecharse de su deterioro cognitivo para inducirla a firmar documentos, disponer de su dinero o realizar operaciones que comprometan su patrimonio.
Por tanto, aunque exista un poder preventivo, en determinadas situaciones puede ser necesario valorar el establecimiento de medidas de apoyo adicionales que ofrezcan una protección jurídica más adecuada.
En definitiva, los poderes preventivos son una herramienta muy útil para anticiparse a la evolución de la enfermedad, pero no siempre son suficientes para dar respuesta a todas las necesidades de apoyo y protección que pueden aparecer.
¿Se puede designar a más de una persona para que dé apoyo o gestione determinados asuntos? ¿Qué garantías existen para prevenir posibles abusos o conflictos en esta gestión?
Sí, se puede prever que más de una persona intervenga en el apoyo o en la gestión de los asuntos personales y patrimoniales de una persona con Alzheimer.
Por ejemplo, se puede designar a una persona para que se ocupe principalmente de las cuestiones económicas y patrimoniales y a otra para que preste apoyo en determinadas decisiones de carácter personal. También se puede establecer que dos personas deban actuar conjuntamente para realizar determinadas operaciones, especialmente cuando tienen una trascendencia económica importante.
Sin embargo, tan importante como elegir a las personas de confianza es establecer mecanismos que permitan supervisar su actuación y prevenir posibles abusos o conflictos de intereses.
En este sentido, se pueden prever diferentes salvaguardias. Por ejemplo, se puede establecer la obligación de presentar periódicamente una relación de los ingresos, los gastos y los movimientos bancarios; exigir que determinadas operaciones patrimoniales requieran la intervención conjunta de dos personas; limitar las facultades para vender inmuebles, hacer donaciones o disponer de cantidades importantes de dinero; o designar a una tercera persona para que supervise la gestión y reciba información periódica.
También se pueden establecer mecanismos para evitar los conflictos de intereses, especialmente cuando la persona que gestiona el patrimonio puede tener un interés personal en alguna operación. Por ejemplo, se pueden limitar las operaciones que beneficien directamente a la persona apoderada o prever la intervención de otra persona cuando exista un conflicto de intereses.
En el caso de los poderes preventivos, muchas de estas garantías se pueden incorporar directamente a la escritura notarial, de manera que sea la misma persona quien decida, anticipadamente, no solo en quién confía, sino también qué controles quiere establecer.
En el caso de la asistencia judicial existen ya salvaguardas como la obligación de presentar inventarios o de rendir cuentas de forma periódica, o aquellas otras que la autoridad judicial pueda considerar necesarias para evitar posibles abusos.
Cabe recordar, además, que las personas designadas para prestar apoyo o gestionar el patrimonio no pueden actuar como si los bienes fueran suyos. Deben ejercer sus funciones respetando la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona y dentro de los límites de las facultades que tengan atribuidas.
En definitiva, no se trata únicamente de elegir a alguien de confianza, sino de prever un sistema de garantías que permita proteger a la persona y su patrimonio, sin limitar innecesariamente su autonomía.